La declaración del nuevo presidente de Volkswagen Matthias Müller, a propósito del fraude de los gases contaminantes emitidos por 11 millones de sus automóviles, no deja lugar a dudas: el grupo revisará todas las inversiones previstas y cancelará o aplazará las que no sean “estrictamente necesarias”. Fue todavía más claro: “Esto va a ser doloroso”. Entre ambas frases se resume lo que probablemente sea la crisis más grave de la historia de Volkswagen y el fraude más alevoso de la reciente historia económica europea.
Será doloroso, desde luego, comprobar cómo se eliminan inversiones y puestos de trabajo debido a la decisión (¿tomada y conocida por quién?) de vulnerar las leyes medioambientales y burlarse de los consumidores; y será doloroso comprobar que “las inversiones estrictamente necesarias” se decidirán probablemente con criterios de proximidad geográfica. El daño causado al crecimiento alemán y al empleo europeo no está cuantificado (en España, sin ir más lejos, hay comprometidos unos 4.000 millones en inversiones), pero no será pequeño y tendrá consecuencias indirectas sobre gran número de empresas.
El dolor al que se refiere Müller es también el de su empresa. Debe prepararse para tiempos pésimos, en los que, por cierto, también está en juego la supervivencia de la compañía. El coste directo del fraude puede superar fácilmente los 50.000 millones en cuanto se disparen las reclamaciones contra la firma. Ahí no acaba el impacto, porque la pérdida de confianza en VW se traducirá, en pura lógica, en descensos acusados de las ventas y en una caída de inversiones en tecnología.
Cabría esperar, ante una crisis de esta envergadura, una reacción contundente de Bruselas, del Gobierno alemán y de la propia VW. Hay que cambiar ya los estándares de emisiones y los métodos de inspeccionarlos. Y Merkel debería ponerse a la cabeza de esta manifestación.
